Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que sostuvo una reunión con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campo, quién acusó al exfiscal del estado, César “N” de tener casinos y prestanombres.
Jáuregui, señalado por delitos del fuero común y traición a la patria, y vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público, se le abrió una nueva línea de investigación gracias a información proporcionada por la gobernadora.
Asimismo, se dio a conocer que en la reunión estuvo presente David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR.
¿Cuál es la situación actual de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua?
El día de ayer, César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, fue vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público.
El juez Luis Alberto Simental Ortega determinó que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal por el delito de traición a la patria tras ser investigado por permitir que agentes de la CIA participaran en un operativo en tierra para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra Tarahumara sin la autorización necesaria.
Sin embargo, determinó no vincularlo a proceso por la acusación de coalición de servidores públicos.
La resolución se produjo después de que el Ministerio Público y la defensa expusieran sus argumentos sobre la actuación del exfiscal y las responsabilidades que presuntamente tenía respecto de los funcionarios bajo su mando.
Durante la audiencia, la representación social sostuvo que Jáuregui tenía la obligación de supervisar las funciones de Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien desempeñó cargos directivos dentro de las instituciones de seguridad del estado.
¿Qué argumentó la Fiscalía?
La Fiscalía argumentó que el exfiscal debía conocer y supervisar las decisiones relacionadas con las operaciones institucionales, particularmente aquellas vinculadas con los hechos investigados en El Pinal.
Por su parte, el abogado defensor Héctor Villasana Ramírez insistió en que los elementos presentados no acreditaban que Jáuregui hubiera participado en la organización, autorización o ejecución del operativo.
La defensa también cuestionó la competencia de la unidad investigadora y sostuvo que no existían datos suficientes para atribuir responsabilidad penal directa a su representado.
Con información de Al Aire.
