La titular de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham anunció la “apropiación” de nueve islas del Río Bravo que abarcan 66 acres en la frontera acuática entre México y Estados Unidos, en las ciudades de Laredo y McAllen.
“¡Texas se está haciendo más grande!” fue la frase que escribió Buckingham donde confirma que la oficina que preside reclama este territorio y argumenta que la incertidumbre sobre el estatus de dichas islas, impedía que agentes fronterizos estadounidenses accedieran a ellas.
La iniciativa responde al objetivo nacional de proteger esa zona e impedir que los cárteles las utilicen como ruta para el tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, y tras un análisis a 28 islas solicitado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, determinaron que las 9 islas territorialmente pertenecen a Texas.
Sin embargo, Texas es un estado de la Unión Americana y no tiene facultades constitucionales ni diplomáticas para modificar los límites territoriales ni fronterizos, puesto que corresponden a un tratamiento federal mediante la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
Dicha comisión es el único organismo binacional autorizado para trazar, determinar y mantener la línea divisoria y los monumentos fronterizos, mediante el Tratado de Límites de 1970.
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¿Cuál es la postura del Gobierno de México?
Sobre las declaraciones de la Oficina General de Tierras de Texas, el gobierno de México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado en el que cita dicho tratado, en el cual, se establece que en el Río Bravo el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río.
Reiteraron que la CILA es la única que puede determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla, por lo que ninguna autoridad estatal —de ningún país— tiene dicha atribución.
Del mismo modo, a juicio de la comisión, no hay atribuciones binacionales para construir obras que desvíen, modifiquen u obstruyan el cause normal del río.
Con información de Al Aire.
