El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se encuentra en el centro de una controversia tras decidir no acatar un fallo unánime emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una situación que podría traerle graves consecuencias jurídicas y administrativas.
El conflicto se originó en abril de 2022, cuando el Congreso del Estado aprobó un decreto, el 118, con el que se reformó la Ley del Patrimonio Cultural y se reconocieron a las corridas de toros y las peleas de gallos como parte del patrimonio cultural local. Opuesto abiertamente a esta decisión, el mandatario estatal vetó la reforma, argumentando un desacuerdo que desató una disputa de poderes en la entidad.
La controversia escaló cuando el Poder Legislativo determinó que las observaciones enviadas por el gobernador habían sido presentadas de manera extemporánea, por lo que consideró el veto como fuera de plazo y, por lo tanto, sin validez.
El caso llegó hasta el pleno de la SCJN, instancia en la que los ministros, el 31 de agosto de 2026, resolvieron por unanimidad la controversia constitucional 240/2023, con la cual se avaló el procedimiento del Congreso.
La resolución de la Corte determinó que el decreto es totalmente válido y ordenó su publicación oficial, una instrucción que el Congreso local exigió acatar mediante un exhorto emitido el pasado 2 de septiembre.
A pesar de que ha transcurrido mes y medio desde el llamado legislativo para acatar la sentencia del máximo tribunal del país, el gobernador García ha optado por hacer caso omiso.
Esta negativa pone sobre la mesa graves consecuencias legales, ya que la Constitución y la Ley de Amparo facultan directamente a la Corte para ordenar la destitución inmediata de cualquier funcionario que incumpla de manera contumaz con sus resoluciones judiciales.
Además de la separación definitiva de su empleo, cargo o comisión, el desacato a un mandato de la Suprema Corte abre la puerta a otros escenarios punitivos de carácter severo, tales como procesos penales, inhabilitación y sanciones económicas personales.
Al Aire buscó una posición del gobierno de Nuevo León en torno a este caso, sin haber obtenido respuesta.
